Buena gobernanza y derechos humanos
para el pueblo...
¿Cómo calificaría la relación que tiene con su gobierno? ¿En qué medida cree que puede confiar en él para que le ofrezca seguridad, justicia, educación y salud? ¿Opina que adopta políticas que velan por los intereses de su pueblo? ¿Mantiene una estructura operativa transparente, inclusiva y participativa? Estas preguntas están relacionadas con la denominada «buena gobernanza» y posiblemente las repuestas difieran entre miembros de países vecinos, incluso de regiones vecinas, en el mundo en desarrollo.
...por el pueblo
Desgraciadamente, muchos países todavía tienen dificultades con ambos conceptos, especialmente aquellos que acaban de salir de conflictos violentos. En nuestro grupo consultor, poseemos las capacidades de toda una empresa y de varios departamentos de otra para trabajar en reforzar el modo en que los Estados funcionan y ofrecen servicios a sus ciudadanos de un modo que fomente la transparencia, la integración y la participación de los ciudadanos, prestando especial atención al fomento de la seguridad y del estado de Derecho. Siga leyendo para obtener más información sobre varios de nuestros ámbitos de especialización.
Igualdad de derechos para todos
El nexo de unión de los casi dos cientos Estados de todo el mundo y, de hecho, lo que permite su existencia para empezar, es una red de legislaciones y normativas nacionales e internacionales. Aunque en ocasiones pueden limitarnos, estas existen esencialmente para proteger y garantizar la igualdad de la sociedad estableciendo una igualdad de condiciones. En teoría, cualquier persona debería poder, en primer lugar, llevar una ofensa sufrida ante los tribunales. En teoría, la aplicación de la ley debería ser predecible de forma racional y deberían aplicarse las mismas penas a los mismos delitos. Sin embrago, en la práctica, lo que las personas afortunadas consideran derechos humanos inalienables (incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad), solo tienen algún significado si quienes tienen el poder lo permiten.
Proteger la seguridad humana
La responsabilidad del Estado de proteger la seguridad de sus ciudadanos es uno de los puntos más fundamentales de sus contratos sociales. El concepto moderno de lo que es necesario para proteger la seguridad de una persona va más allá de las medidas de prevención del Estado frente a las amenazas externas que pueda sufrir. La «seguridad humana» incluye nociones como, por ejemplo, la seguridad económica, física y alimentaria, teniendo en cuenta que su ausencia puede afectar a la paz y desestabilizar Estados. Cabe esperar que el enfoque de la seguridad se desarrolle según se desarrolla también su marco operativo. Debemos pensar en nuevas soluciones integradas para luchar contra fenómenos tales como la ciberdelincuencia o los delitos medioambientales que, a pesar de ser recientes, desempeñarán un papel cada vez más importante en nuestras vidas cotidianas.
Democracia y gobernanza
Como parte del contrato social existente entre los diversos niveles administrativos y sus ciudadanos, se confieren ciertas competencias a funcionarios e instituciones públicos para que ellos apliquen la legislación y las políticas que mejor velan por los intereses de la población en su conjunto. Mediante la delegación de tareas en diferentes departamentos o incluso en organizaciones privadas, los gobiernos adquieren más fuerza y resistencia ante los contratiempos. Dado que todas las tareas están delegadas en el Estado, el establecimiento y mantenimiento de un gobierno democrático que funcione correctamente ya supone una labor titánica incluso disponiendo de recursos, personas cualificadas y la infraestructura burocrática. Pero los gobiernos de los países en desarrollo o que están saliendo de un conflicto requieren especial atención, dado que a menudo carecen de uno o varios de estos componentes y el desmoronamiento de tan solo un sector puede desestabilizar peligrosamente sus Estados.
Asuntos sociales
La gestión de los asuntos sociales por parte del gobierno es uno de los principales indicadores del buen funcionamiento de una comunidad. La participación en cualquier sociedad significa alcanzar compromisos con el fin de respaldar a los miembros más débiles en ciertos aspectos por un lado, mientras que se mejora el desarrollo general del colectivo por otro. Junto con el gobierno, tenemos la responsabilidad compartida de promocionar la inclusión social y garantizar una educación de calidad y el pleno empleo para todos los miembros de nuestra sociedad. Convivir con personas de distintos orígenes, convicciones, orientaciones sexuales, prácticas religiosas o identidades de género implica encontrar compromisos basados en la tolerancia y, más importante aún, el respeto.